viernes, 19 de junio de 2009


Aunque los de Delegación de Gobierno han hecho lo posible por hacer fracasar la mani de mañana contra la ley de Extranjería organizada por el Ferrocarril clandestino, finalmente se ha ganado el recurso y se hará. Todos al CIE de Aluche mañana a las 18 horas a la salida del Metro Aluche!!!



La ley de extranjería nos hace desiguales. Estamos a tiempo, ¡parémosla!

Somos iguales. Hombres y mujeres, negros y blancos. Nos lo enseñan en la escuela. Lo experimentamos cuando tenemos oportunidad de construir amistades con Malik, Sumi, Carmen, Vladimir o Chin-tao. Somos iguales. Y, sin embargo, el anteproyecto de reforma de la existente ley de extranjería no dice lo mismo. Ahonda en la institucionalización de la desigualdad. Al menos en tres sentidos.

1.- Acentúa los elementos de carácter punitivo ya presentes en la ley actual. A través de una serie de mecanismos y prácticas de carácter administrativo (y policial) se identifica la figura del inmigrante llamado ilegal con la de un delincuente peligroso que merece nuestro rechazo y castigo (cuando no tener los papeles de residencia en regla es considerado por la propia ley como una infracción administrativa que no merece una respuesta penal).

Así, por ejemplo, se extiende hasta 60 días la reclusión de las personas sin papeles de residencia en los Centros de Internamiento para Extranjeros, incluyendo, además, excepciones que pueden prolongar este tiempo. Con la excusa de perseguir a las personas sin permiso de residencia, se amparan e impulsan prácticas (controles masivos de identidad racialmente selectivos, detenciones, estancias en comisaría y en el CIE) que suponen un castigo absolutamente desproporcionado; vulneran derechos fundamentales que sólo pueden ser limitados de manera excepcional y acotada para evitar o sancionar infracciones penales; suponen un gasto excesivo de recursos humanos y materiales que se desvían de otros objetivos más necesarios; y, ni tan siquiera desde la perspectiva más xenófoba, son eficaces para expulsar a las personas sin permiso legal de residencia: hay una desproporción tremenda entre el elevadísimo número de identificaciones y detenciones realizadas y las expulsiones de hecho materializadas.

En esta misma dirección, resulta especialmente escandalosa la legalización de la deportación de menores, que prioriza el freno de la inmigración infantil sobre la protección de la infancia.

2.- Introduce nuevas restricciones en los derechos de las personas sin papeles de residencia. Aunque se reconocen los derechos de asociación, sindicación, huelga, manifestación y reunión (por imperativo de las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional), los derechos laborales quedan restringidos a aquellos que se desprenden del contrato de trabajo.

Esta producción institucional de desigualdad no se detiene en los inmigrantes calificados de «ilegales». También se avanza en la gradación de las rebajas de derechos en función del tipo de permiso de residencia, por ejemplo, restringiendo la reagrupación familiar. Con la nueva ley, los inmigrantes con tarjeta de residencia no podrán traer a sus progenitores si son menores de 65 años y sólo podrán reagrupar a padres e hijos si llevan más de cinco años de residencia legal.

3.- Por último, el anteproyecto, ataca frontalmente los cimientos de un modelo de convivencia que toma la igualdad como su principio básico: todas las personas tienen la misma dignidad con independencia de su lugar de nacimiento o residencia. Si lo lógico para defender este principio sería combatir las desigualdades existentes, el anteproyecto, por el contrario, contribuye a alimentarlas, poniendo por encima de la dignidad igual de cualquiera los privilegios de unos pocos.

Por eso, las personas comprometidas con la defensa de este principio de igualdad y de la amistad y el apoyo entre diferentes son situadas en el punto de mira de la nueva de ley, que sanciona con multas elevadísimas prácticas que surgen de la convivencia y la amistad entre personas con papeles y sin papeles (por ejemplo, con 10.000 € por empadronar a un amigo sin papeles y sin domicilio fijo que necesita una dirección de referencia para acceder a derechos tan básicos como el derecho a la atención sanitaria). Este tipo de medidas privilegian la segregación y la insolidaridad por encima de la hospitalidad y la acogida. De este modo, la desigualdad que la ley de extranjería institucionaliza se acaba naturalizando, como si siempre hubiera sido así, como si la humillación y el rechazo fuera el modo natural de dar la bienvenida a los recién llegados.

Estamos a tiempo. Es el momento de apostar por un modo de convivencia diferente a este que nos proponen. Por mucho que digan, la crisis no es una desaparición repentina de la riqueza social producida, sino un colapso del actual modelo de acumulación basado en la producción de desigualdad y la competencia. La riqueza que hemos producido entre todos, en este mundo globalizado, sigue estando ahí y el problema es su reparto desigual. No será deportando inmigrantes a sus países de origen, es decir, exportando desempleo, como saldremos de esta crisis. En lugar de caer en el discurso de la escasez, podemos descubrir que tanto inmigrantes como autóctonos producimos riqueza y preguntarnos dónde demonios está esa riqueza, quién se la quedó. Con papeles y sin papeles, podemos unirnos como iguales y buscar juntos otra salida a la crisis. Podemos construir una forma de vida que no pase por la guerra al otro sino por la construcción en común de un mismo mundo de posibilidades para todos. Un pequeño paso en esta batalla es parar juntos el anteproyecto de reforma de la ley de extranjería. ¿Nos atreveremos?

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