miércoles, 15 de julio de 2009

EL DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO ,SOCIAL ,POLÍTICO Y MEDIO AMBIENTAL


la ciudad ese complejo espacio público y (por ello) conflictivo, es decir, político

El espacio público es lugar donde todo ciudadano tiene derecho a circular, a estar y hacer, en contraste con el espacio privado donde el paso, la estancia y la ere-acción están restringidas. El poder transitar remite a la libertad de movimiento, el poder estar remite a la apropiación del espacio y el poder hacer remite a la participación en el espacio público. Enfatizando este último aspecto nos lleva a la consideración de que el espacio público es siempre un espacio colectivo donde se encuentran los diferentes, los actores diversos, las partes que comparten el espacio y que al hacerlo lo elevan a la categoría de público y colectivo, es decir, los diferentes toman conciencia de la diferencia porque son susceptibles de encontrarse, interactuar y finalmente interaccionar, por ello el compartir el espacio creativamente significa estar en un lugar, ser parte, sentirse parte, tomar o tener parte y hacer lugar. En consecuencia, el espacio público, es aquel espacio de propiedad pública, y de dominio y uso público. La propiedad pública infiere un sentido político, el dominio público un sentido cultural y el uso público un sentido social.

La participación es lo que permite la apropiación del espacio público de manera compartida, el sentimiento de ser mío, nuestro, sin excluir de ese sentimiento a los otros ciudadanos, del sentimiento que el espacio urbano también es tuyo o suyo, es lo que hace del espacio público un espacio colectivo. Esta idea nos ayuda a adoptar una definición radical del espacio público de acuerdo con Hernández Aja: "el espacio público, desde la condición de ciudadanía, será aquel en el que se expresan las distintas visiones de la ciudad, en el que se construyen los acuerdos y limitaciones entre los distintos grupos sociales e intereses, en permanente construcción pero en el que siempre se garantiza la identidad del distinto como garantía de la identidad propia... en el que nos podemos encontrar con el resto de los ciudadanos, en el que nadie sobra ni debe ser rechazado"


Así, un espacio público plenamente colectivo, al servicio de la ciudadanía democrática, genera sentimiento de pertenencia al hacer de éste un símbolo de la ciudadanía, y acoge según momentos y características del mismo, la manifestación cultural, la manifestación política, la fiesta y el juego, la música y el teatro, el arte y el intercambio de la economía popular (el mercadillo, el rastrillo, el músico y el actor callejero...), el uso de diferentes colectivos (culturales, de género, de edad), espontáneos o planificados, en definitiva, el uso pleno del espacio público no puede ser sin un fuerte carácter polivalente y una complejidad accesible, donde el uso puede ser más o menos planificado, o más o menos espontáneo, según sea apropiado por redes sociales o por grupos más organizados como las asociaciones. Siguiendo a Hernández Aja "los proyectos sociales de base democrática se han reflejado sobre la ciudad mediante la creación de espacios colectivos"

Por otro lado, también, la ciudad es el espacio del conflicto, la ciudad deja riendas sueltas a las paradojas, donde se produce el encuentro de las diferencias y de las divergencias, de los intereses contrapuestos, que se tocan, que se mezclan, que confrontan, que se complementan, y así se modifican mutuamente. El perímetro de la ciudad es el espacio de la cohabitación de diferentes grupos, clases, culturas, redes, y sus espacios internos, el agora, el mercado, la calle, son los espacios públicos, los espacios que se comparten, donde se encuentran, que se viven colectivamente, es decir, los espacios donde se produce el intercambio, y en consecuencia se estimula la convivencia y también donde se produce de manera inevitable el conflicto.

El conflicto, entonces, en la ciudad no se puede ni se debe esconder, precisamente es en la ciudad donde el conflicto se hace evidente y se puede reconocer, única manera, por otro lado, de sentar las bases para superarlo, aunque, dejando puertas abiertas a nuevas dialécticas y a nuevas dialógicas, a nuevas contradicciones y a nuevos diálogos. Precisamente "la gran aportación de la política democrática es que no escamotea el conflicto, sino que lo canaliza para evitar la arbitrariedad; no pretende erradicar el poder (lo que sería sospechoso), sino proporcionar espacio adecuados para un ejercicio efectivo de la discusión pública, para favorecer un pluralismo posible"

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La deconstrucción de la ciudad y del espacio público

Llegados a este punto cabe preguntarse si la ciudad de la que venimos dando cuenta se corresponde con la ciudad que hoy experimentamos: el modelo metropolitano; y habría que preguntarse ¿son realmente ciudades, éstas grandes aglomeraciones urbanas? Una de las constataciones que podemos reseñar es que estas grandes ciudades son espacios crecientemente problematizados, en ellas se concentra cada vez más la pobreza y la población excluida, y se evidencia la desigualdad social como nunca antes, son el origen de la insostenibilidad ambiental y del cambio climático, en ellas se constatan la mayor tasa de suicidios y enfermedades mentales, en ellas la soledad y la anomia atormenta a millones de personas, y también en ellas los síntomas de violencia urbana son crecientes, aún así nos sigue fascinando la ciudad en el contexto de una sociedad de consumo de masas. ¿Es esto realmente la muerte de la ciudad?, anunciada por los sociólogos urbanos en la década de los 60, como Jane Jacobs o Henri Lefebvre.

Tradicionalmente la densidad, la variedad y la dimensión eran las variables que definían la física social de una ciudad, es decir, una cantidad de sujetos y actividades variadas y mezcladas en interacción sinérgica. Si bien el modelo urbano que surge y se consolida con la industrialización y la extrema mercantilización desborda esos atributos propios de la ciudad. Los ámbitos urbanos crecen desmesuradamente dejando atrás su escala humana, se desdensifican extendiéndose como una mancha de aceite por el territorio haciendo de las ciudades espacios inabarcables, difíciles de percibir en su totalidad, e insostenibles ambientalmente, distanciado a unos de otros. La ciudad deja de ser accesible y solo podrán abarcarla, transitarla y vivirla en su totalidad los que tienen recursos privados de movimiento. Simultáneamente, el modelo urbano moderno apuesta por la zonificación de las funciones urbanas separando espacios de residencia, de trabajo, de consumo,... y segregando también los crecientes atributos de desigualdad. La ciudad industrial, primero, y después la ciudad postindustrial, que separa espacios y grupos sociales no lo hace de forma inocente ya que busca, entre otras cosas la ocultación del conflicto y de los "conflictivos", el aislamiento, la separación, la segregación de los conflictivos es la forma de no reconocer la desigualdad, es la forma de ocultar el conflicto y con ello de acabar con la convivencia. No es ciudad, no es lugar, no hay convivencia, donde se produce la agorafobia (el miedo-rechazo al espacio público) y la xenofobia (el miedo-rechazo a los diferentes).

De acuerdo Jordi Borja las diferentes presiones sobre la ciudad han producido un triple proceso negativo: fragmentación (zoning urbano), disolución (difusión urbana) y privatización (extrema mercantilización de la ciudad) (Borja, 2003, 163). Veamos estos procesos detenidamente, ya que a su vez desatan procesos que amenazan seriamente al espacio público y los derechos de ciudadanía. En primer lugar, la zonificación o "zoning urbano" queda bendecido en la llamada "Biblia de los urbanistas" (Labesse, :1973), o Carta de Atenas (1942), que desde un intento del más puro dirigismo racionalista viene a proclamar la separación de las funciones urbanas1 en aras de la satisfacción de las necesidades humanas2, puestas en entredicho por la insalubridad que resultaba de la promiscuidad entre las funciones urbanas y el hacinamiento característico de los efectos provocados por la revolución industrial sobre las ciudades. Sin embargo, los propios efectos perversos de la zonificación urbana se vienen expresando reiteradamente desde distintas perspectivas.

Con la consolidación de la sociedad industrial aparecen la planificación y los planificadores, pero también se produce una ruptura de la ciudad y de lo ciudadano. A medida que se produce el crecimiento del espacio urbano y con ello su funcionalidad, el seccionamiento espacial cobrará mayor importancia, pudiéndose caracterizar básicamente tres categorías espaciales segregadas: El espacio de la producción (del trabajo-empleo-asalariado), el espacio de la reproducción (doméstico) y el espacio de la distribución (gestión y consumo). La necesidad consiguiente de procurar la comunicación y la movilidad entre las diversas partes complejas de la metrópoli presupone la existencia de un cuarto tipo de espacio, éste más lineal y en forma de malla, que se refiere a todo lo relacionado con las infraestructuras de conexión entre fragmentos urbanos (infraestructuras del transporte y redes de comunicaciones entre los espacios separados). Las unidades urbanas especializadas, unifuncionales, son unidades parciales y por tanto simples, la vida cotidiana en una función parcializada es una cotidianeidad unidimensional, pero a la vez el sujeto «móvil» que distribuye su tiempo en vidas separadas y desplazamientos entre ellas en un vasto territorio urbanizado se convierte en un «yo» escindido y en una víctima de lo simple-complicado (contrapuesto a sencillo-complejo) que imprime el modo de vida metropolitano. Los vínculos sólidos, flexibles, accesibles, sencillos, son sustituidos por los vínculos líquidos, rígidos, movibles, complicados.

Se evidencia, junto al cambio cuantitativo, un cambio cualitativo. Emerge la ciudad del «fragmento» frente a la ciudad como «cúmulo de sedimentos»; siendo la variable tamaño crecientemente incontrolada. Es una ciudad ahistórica que, construida extensamente bajo un rápido y desordenado desarrollismo3 y a una escala que se escapa al control individual y colectivo, imprime una funcionalidad que viene determinada por el mercantilismo como hecho intrínseco. Se disocia la instancia ciudadana y junto a ella se enajena al ciudadano del hecho urbano, en palabras de Rene Schoonbrodt «el urbanismo funcionalista basado en la zonificación aisla los medios sociales ente sí y, en consecuencia, tanto la sociedad en su conjunto como los distintos medios sociales se hacen ajenos los unos a los otros» (Schoonbrodt, 1994:393).

Precisamente es esto lo que lleva directamente a otras consecuencias; unas más sociales: se produce una «parcelización de la existencia humana» (Del Acebo, 1993: 164-165), una ruptura del tiempo en la vida cotidiana y una división del espacio según la condición social: edad, profesión, procedencia, étnica, religión, clase, género4...; otras más ambientales: ocupación de suelo y desintegración de enclaves naturales por la necesidad de la construcción de grandes infraestructuras que permitan la movilidad cotidiana entre los espacios separados y que suponen de facto la creación de barreras y fronteras en el organismo urbano (se enfrenta el concepto de movilidad, con el de accesibilidad. La existencia de grandes distancias y la creación de barreras infraestructurales suponen una pérdida en la calidad en la accesibilidad a determinadas funciones urbanas especializadas según que tipo de sectores sociales). Adaptación, por tanto, del territorio y de la ciudad al uso del vehículo motorizado, que se deriva de un aumento paulatino de las distancias entre los elementos urbanos funcionales, y que conlleva un despilfarro energético y un incremento de la congestión y de los niveles de contaminación.

En segundo lugar, la dispersión-difusión de la urbanización, aspecto que además es inseparable de la zonificación, viene a establecer una nueva paradoja en el proceso de urbanización de los países desarrollados. Por primera vez la expansión del hecho urbano se produce al margen de los comportamientos demográficos, es decir, mientras que la población de las grandes ciudades del mundo desarrollado se mantiene estable o incluso decrece ligeramente, la expansión del espacio construido alcanza cotas de ocupación de suelo inusitadas gracias al desarrollo de una tupida red de infraestructuras para el transporte. Esa dispersión de la urbanización no tiene umbrales territoriales fácilmente observables, ni está distribuida de forma biunívoca en el espacio físico (Martinotti, 1990), la contigüidad de espacios urbanos funcionales y a la vez la continuidad del espacio urbano por todo el territorio son la expresión de esa paradoja parcial del metropolitanismo. Si bien ese nuevo orden territorial único, que hace desaparecer la vieja dicotomía entre campo-ciudad para introducir nuevas contradicciones, significa que se pierde la idea de la ciudad entendida como «lugar» de acogida que era reconocible sobre la vasta extensión del «no-lugar» propia de una ciudad de los flujos en donde circulan los objetos-mercancía y los sujetos-mercancía (sujetos objetivados): sujetos usuarios, clientes, administrados, productores, consumidores, pero dudosamente ciudadanos.

De este modo, la movilidad y la velocidad es motivada en un modelo metropolitano que implanta un modo de vida fundamentado en el automóvil, que proclama un uso individualizado del espacio no-relacional, de la ciudad de los flujos. Sin embargo, este proceso se manifiesta cada vez más como un factor de exclusión social, ya que los colectivos segregados espacialmente tienen menos posibilidades de movilidad física para desplazarse de unas funciones a otras (por ejemplo de la residencia al trabajo) lo que conlleva una prolongación de la jornada laboral al sumar a esta el tiempo de dedicado a los largos desplazamientos y la dificultad para acceder a servicios urbanos básicos.

En tercer lugar, la extrema mercantilización de la ciudad en un contexto de insaciable neoliberalismo nos ha llevado a lo que se ha denominado como una "segunda generación" de privatizaciones que se corresponde con lo que David Harvey ha identificado como "Acumulación por desposesión" (Harvey, 2004) como actualización y continuación de la "Acumulación originaria de capital" consistente, tanto en el acoso y derribo a la propiedad pública, como de la propiedad comunitaria. Así la mirada mercantilista ha motivado la privatización de servicios públicos (transportes, mantenimiento urbano, equipamientos, gestión de residuos, gestión del agua, funerarias, etc.), la conversión del suelo y la vivienda en recurso especulativo, la mercantilización de recursos ambientales, la privatización de espacios públicos, la creación de seudo espacios públicos simulados, la mercantilización de las relaciones sociales de orden primario (cuidado de los hijos, de las personas dependientes), etc., todo ello ha proporcionado una "gestión mercantilista que acaba llevando la diferenciación de los usuarios por su capacidad de pago..." (Saravia et al., 2002: 33)

El impacto combinado de estos procesos que se refuerzan mutuamente ha contribuido a la destrucción del espacio público como espacio de ciudadanía (Borja, 2003: 163-164). Particularmente paradigmático de la citada combinación es la implantación de las grandes superficies comerciales, enclaves exclusivos para el consumo convertido en ocio, o viceversa, convenientemente separados de la residencia precisan del uso del automóvil destruyendo, además, el pequeño comercio de barrio y sustituyendo la accesibilidad por la movilidad. Asimismo el gran centro comercial es un sucedáneo del espacio público destinado al consumo como simulación del ocio y de la libertad individual, es causa y efecto, de la pérdida del espacio público. La gran superficie comercial, como espacio privado, se basa en el derecho de (no) admisión y no todos pueden acceder, el nivel de rentas es ya de por sí un sesgo significativo, pero en todo caso nadie puede sentirse parte de ese espacio, ni participar del mismo, ni disfrutar de la improvisación del encuentro con el conocido. Los sobreestímulos que irradia ese no-lugar oculta el significado del mismo. Si alguien mendiga en ese espacio, o juega con una pelota, o reparte octavillas, o hace mimo, o toca música... será inmediatamente expulsado.

De este modo, el triunfo del paradigma funcionalista no solo ha terminado desmembrando la ciudad, sino que acompañando ese proceso también ha segregado socialmente a las redes sociales. Una estructura social extremadamente fragmentada, como es la de las sociedades capitalistas avanzadas, tiene sus consecuencias sobre la disposición, dominio y uso de los espacios públicos. La creciente distancia social entre los distintos segmentos que conforman la estructura social conlleva separación y segregación espacial y este fenómeno a su vez implica la imposibilidad o al menos una dificultad significativa en el encuentro y en el intercambio de las experiencias vitales de diferentes redes sociales, haciendo de ellas estructuras informales endogámicas, crecientemente encerradas sobre si mismas, donde la confianza interna contrasta con la desconfianza con el exterior de la red. Cuanto mayor es la separación de las funciones urbanas, de los colectivos, de las actividades, más se debilita el capital social y las relaciones sociales de confianza.

La combinación, en las sociedades capitalistas, de la separación de las funciones urbanas con la separación de las culturas, de las clases sociales y de los fragmentos de clase, esta incidiendo en la destrucción del espacio público, despojándole de sus funciones tradicionales de encuentro, entre ellas su función política del compartir, del negociar, del consensuar, del manejo del conflicto que es controlable gracias al contacto cotidiano entre sujetos y colectivos deferentes. La distancia entre los grupos se acrecienta en sus distintas perspectivas: social, económica, cultural, ambiental... incorporando nuevas e inquietantes perspectivas del conflicto urbano en forma de violencia urbana y particularmente de enfrentamiento entre redes y fracciones de clase. La urbanización funcionalista, en su doble separación física y social, de espacios monocultivo y de grupos endogámicos, impide de facto la producción social del espacio, la construcción conjunta de la interpretación y la democratización del mismo. La imposición de las clases y grupos dominantes en la producción de formas espaciales hace de esta producción un factor de dominación y de explotación (Castells, 1979) que con la creciente fragmentación de la estructura social conlleva el paso de una antagonismo relativamente simétrico (existencia de procedimientos de negociación y pacto entre clases en la sociedad urbana industrial) a una dinámica segregadora que "conducen -en palabras de Jordi Borja- a formas conflictivas, dispersas y asimétricas, difíciles de encuadrar en procesos negociadores, que pueden derivar en expresiones de violencia anómica" (Borja, 2003: 49). Ello se produce como consecuencia de la presencia creciente de sectores excluidos a los que no se les reconoce plenamente los derechos de ciudadanía. Los conflictos derivan entonces al enfrentamiento entre segmentos de las clases subalternas y las denominadas infraclases, en vez de entre los grupos desfavorecidos y el poder instituido, la solidaridad propia de las clases subalternas en la ciudad industrial deja paso a la subdivisión de clases por el grupo étnico que tiende a impedir la solidaridad (Colm Hogard, 2002: 91).

La segregación social, la distancia física, social y económica de las redes, clases, culturas, genera desconfianza y miedo al otro. Emergen las comunidades cerradas (gated communities), los barrios gueto y los barrios bunker (Naredo Molero, 1998), los condominios exclusivos que se construyen como "espacios defendibles" y levantan barreras a la democracia destruyendo la función del espacio público y el derecho a circular, a estar en determinados lugares, a encontrarse. Una sociedad que se construye sobre comunidades cerradas, que genera barreras y terrenos de nadie es propensa, en consecuencia, al descuido urbano y a la violencia urbana. El círculo vicioso de la violencia urbana produce la agorafobia, el miedo al espacio público, y éste abandonado se hace más vulnerable, de dominio y de uso menos complejo. La pérdida de variedad en su dominio y en su uso le debilita también como espacio político, ya que la política no puede ser bajo el miedo, no puede ser sin el encuentro, sin el diálogo, sin la comunicación. La agorafobia, va acompañada de la aporafobia y de la xenofobia, el miedo a la pobreza y a los diferentes hace que el espacio público sea abandonado por determinados segmentos de la estructura social y dejado exclusivamente a otros, construyendo sus propias fortalezas que les protegen de los indios metropolitanos que pugnan por sobrevivir en un medio urbanizado (que no urbano) cada vez más hostil e ingobernable.

(Re)volver a la ciudad, reconstruir el espacio público, reconquistar el espacio político: redescubrir la ciudadanía

Es incuestionable que nuestro modelo metropolitano, que nuestro modo de vida precisa de una reorientación que se hace cada vez más urgente. La nueva conciencia que sobre ello se esta generando no es desdeñable y tiene su traslación en nuevas miradas sobre el individuo y la ciudad, y el vínculo que sobre ellos se establece. Son cada vez más las reflexiones, las iniciativas, las experiencias innovadoras que nos indican el desarrollo de nuevas estrategias que caminan y proclaman una democracia participativa en la gestión de los recursos y del territorio, una nueva ciudadanía que se renueva con la incorporación de nuevos derechos, sobre todo, culturales y ambientales. Su dispersión, y su aún escasa articulación hace poco visualizable su desarrollo, pero los síntomas aparecen a una velocidad vertiginosa en múltiples formas asociativas, en nuevos movimientos sociales, en nuevas formas de gobernar, en experiencias innovadoras participativas, en buenas prácticas urbanas... Esta amalgama compleja de factores la podemos desarrollar en sus dimensiones culturales, sociales, políticas, de naturaleza económica y de carácter físico-ambiental, las cuales también las podemos considerar como condiciones necesarias para reconstruir el espacio público como espacio político.

En primer lugar, la interculturalidad alcanzada en un mundo globalizado instituye nuevos vínculos entre el sujeto personalizado y lo universal, haciendo de éste un ciudadano a la vez local y universal que adquiere una nueva ética. Tal como hemos expresado en otro trabajo (Alguacil, 2007: 40) emerge una nueva cosmología mundialista, una nueva conciencia, un nuevo sujeto protagónico, es el regreso del sujeto que diría Jesús Ibáñez (1991), que se rearma en la ética a través de renovados valores morales frente al pensamiento técnico, científico, mercantilizado. Haciendo nuestras las palabras de Alain Touraine en uno de sus últimos libros "vemos también como el juicio moral recupera terreno frente al pensamiento técnico y científico. El movimiento ecologista nos ha enseñado a reconocer nuestros deberes respecto de la naturaleza, lo que no nos ha llevado a fundir la cultura en la naturaleza, sino, al contrario, a hacer penetrar el juicio moral en el dominio de la naturaleza" (Touraine, 2005: 177), lo que es tanto como reconocer que los sujetos ganan capacidad de pensamiento y de acción, obtienen autonomía desde la dependencia ecosistémica, de tal modo que el sujeto tiene conciencia de sí en la medida que forma parte activa de la naturaleza y de la sociedad. Es decir, lo personal es político, "es afrontar -en palabras de David Harvey- la cuestión de la persona y del cuerpo como el momento irreducible (definido en una determinada escala espacio-temporal) para basar toda la política y la acción social. Pero el individuo, el cuerpo, el yo, la persona (o cualquier otro término que deseemos utilizar) son un fluido constructo social más que una entidad absoluta e inmutable fijada en cemento" (Harvey, 2003: 270).

Precisamente, el conocimiento sobre los límites ecológicos y la preocupación por las futuras condiciones de vida en el planeta (conciencia) vuelven a poner en escena renovados aspectos de la subjetividad humana y de la autonomía ética. Surge así una nueva paradoja: la autonomía individual se obtiene gracias a la pertenencia a un contexto relational, o a un ecosistema, y ese pertenecer a un entorno significa un cierto grado de dependencia. La autonomía individual no puede pensarse sin la autonomía de los otros, o sí se prefiere, de la dependencia de los otros. La autonomía desde una perspectiva ética representa, pues, la complementación de la identidad y de la alteridad. La comunicación relacional implica la relación simétrica entre emisor-receptor y receptor-emisor que interaccionan sobre la base de una identidad común (los signos y señales de sus comunicaciones no sólo encauzan información, sino también identificación) y que supone el reconocimiento del otro (alteridad) y de sí mismo a través de ese reconocimiento. Dice Touraine "que se siente sujeto solamente aquel o aquella que se siente responsable de la humanidad de otro ser humano. Es reconociendo los derechos humanos del otro como me reconozco a mí mismo como ser humano..." (Touraine, 2005: 169), es reconociendo los derechos y las necesidades humanas ampliados donde regresa el sujeto en esa tensión dialéctica que se produce entre lo local y lo global, el individuo y el colectivo, la singular y lo universal.

Así, el extremo individualismo desarrollado en la metrópoli, vinculado a la mercantilización, "también puede propiciar el desarrollo de una conciencia ampliada capaz de configurar nuevos espacios propicios al ejercicio de las virtudes cívicas...., cuando el yo actúa, en nombre propio y asumiendo la responsabilidad de sus actos, adentrándose en lo universal y relegando su egoísmo" (Barry, 1999: 145). Ésta nueva ética se obtiene en las redes interactivas donde se adquiere una «capacidad estimativa»5 que orienta la acción humana buscando el equilibrio entre la libertad individual y la vinculación colectiva, entre lo micro-social y lo macro-social, entre las emociones y la(s) razón(es). Esa capacidad estimativa es reforzada por la comunicación y el conocimiento, que a su vez estimulan el devenir consciente. Y esta ética discursiva proyectada en acción colectiva es la que nos lleva a la confirmación de como es a través de los nuevos movimientos sociales, que buscan no tanto la reivindicación de los derechos, de la dignidad, de los nuevos valores, como de hacerlos realidad y de aplicarlos directamente cuando tienen oportunidades, la que permite la construcción de un sujeto-persona que recupera un sentido de la vida ético que esta dando pie a nuevas prácticas urbanas participativas.

Desde una segunda perspectiva, más en el ámbito de lo societario, se puede argumentar como es en la ciudad donde el individuo tiene acceso a múltiples puntos de vista que se mezclan y que se concretan en una compleja constelación de redes y organizaciones. No olvidemos que es en la ciudad donde surgen la organización y la asociación que con la creciente complejidad y fragmentación lleva a ésta constelación de estructuras de acción política a buscar su articulación (buena muestra de ellos es el denominado movimiento antiglobalización). Pero es precisamente en el ámbito de la ciudad, en el ámbito local, en un contexto de proximidad, de contacto directo, de confianza, de conocimiento mutuo, donde los sujetos pueden entrar en estrategias de construcción conjunta que les permita generar y acceder a estructuras comunes de acción política. En el mundo local se encuentran organizaciones de orden gubernamental (gobiernos locales) y de orden societario (organizaciones y movimientos sociales). Ambos tipos de estructuras, por su posición privilegiada de proximidad y de ser potencialmente difusores de los principios universalistas son escuelas de democracia.

Es a través de éstas estructuras donde se puede acceder a las habilidades para la participación política y, por tanto, a adquirir la condición de ciudadano pro-activo. Estas estructuras se encuentran en mejor disposición para incorporar a los ciudadanos a procesos de comunicación y de deliberación y, en consecuencia, están en mejor disposición de transmitir a los ciudadanos las destrezas necesarias para desenvolverse en la esfera de la política. Se trata, en definitiva, de un proceso recurrente dónde la comunicación, el conocimiento y la reflexividad sobre la acción permiten la adquisición de la (co)responsabilidad social y llevan a la emergencia de la nueva conciencia necesaria para desarrollar las nuevas dimensiones de ciudadanía. De tal modo, que la incorporación de los ciudadanos a la globalización (como un continuo de esferas de soberanía y diversidad cultural complementarias y potencialmente articuladas) solo puede optimizarse a través de las redes y movimientos sociales de arraigo territorial y de las estructuras gubernativas descentralizadas, aunque precisan de procedimientos orientados a la articulación entre sí y la conexión con otras estructuras descentralizadas y globales. En consecuencia, la emergencia de estos nuevos derechos de ciudadanía vienen asociados al surgimiento de renovados actores (gobiernos locales, movimientos sociales, tercer sector) que ponen de relieve nuevas subjetividades en la conquista de una ciudadanía que explora nuevas dimensiones de la misma.

Esta perspectiva, nos lleva al espacio de la política donde se puedan desarrollar aquellas estrategias políticas que generen nuevas oportunidades para la implicación de los ciudadanos en la gestión de la ciudad y de los espacios públicos. Para que ello sea posible la participación tiene que recuperarse plenamente como necesidad humana que en el actual modelo social mercantilizado se encuentra constreñida y oculta, al fundamentarse este paradigma en estrategias inhabilitantes para con los sujetos que son sustituidos por especialistas y profesionales de la política.

Esa recuperación precisa, en consecuencia, de innovaciones capaces de traducir la participación en comunicación relacional para la acción ciudadana conjunta (PUIG, 2003) donde el papel de los profesionales de la política sea el de implementar los procedimientos para que los ciudadanos tengan capacidad plena para participar. El sentido relacional de la participación tiene varias miradas interpenetradas que permiten acoplar la participación a la propuesta de democracia participativa como una síntesis de la alianza cada vez más necesaria entre las estructuras gubernamentales y las entidades y movimientos sociales.

En primer lugar, es necesaria una nueva cultura política fundamentada en la habilitación de los ciudadanos para que puedan acceder a la información y el análisis de sus condiciones de vida y obtengan capacidad de decisión en aquellos aspectos que les afectan directamente, en el acceso, en definitiva, a la satisfacción de las necesidades humanas desarrollando satisfactores de carácter sinérgico donde la transversalidad de la participación aparece como procedimiento inalienable. Se trata de reconocer el estatus pleno de acción política de los ciudadanos considerando el desarrollo de su autonomía crítica. La formación para la ciudadanía será un elemento fundamental para ello y la promoción de las organizaciones sociales de base, como escuelas de democracia, el escalón, junto con unos gobiernos locales con recursos suficientes, serán dos aspectos cruciales para que ello sea posible, a lo que habría que añadir la necesidad de un sistema educativo adaptado a tales requerimientos.

En segundo lugar, una nueva cultura política, precisa desarrollar procedimientos que combinen adecuadamente los principios de solidaridad interterritorial y la subsidiariedad, según el cual todo aquello que pueda ser autodeterminado o autogestionado con eficacia y responsabilidad a un determinado nivel ciudadano (inferior o de escala más reducida) no debe determinarse o gestionarse en un nivel superior o de escala mayor. Dicho de otro modo, que la satisfacción de las necesidades y demandas debe resolverse en el nivel más próximo a los ciudadanos que sea posible. Es necesaria, desde esta perspectiva, una nueva cultura política encaminada a la construcción un Estado relacional descentralizado, articulado y participativo que produzca nuevas oportunidades para la ciudadanía promoviendo organizaciones en red y una nueva legitimidad de un Estado democrático reconstituido desde su base, desde las ciudades, desde los municipios.

Para el desarrollo de esta perspectiva relacional de la administración proponemos considerar como elemento clave la combinación entre el principio de descentralización y de participación, lo que debe abordarse diferenciando entre distintos aspectos que completan la idea de descentralización y que podemos identificar con tres des6: la desconcentración político-administrativa, la descentralización política y la desburocratización en lo sociopolítico. Representa tres ejes de horizontalidad: Un eje económico-administrativo definido por la distribución de los recursos de la economía pública, un eje político definido por la transferencia de competencias, y un eje sociopolítico identificado con la distribución del poder. Estos tres modos son interdependientes, se transpenetran entre sí y su distinción establece distintas perspectivas para significar aspectos ineludibles para la democratización de la sociedad (combinación de la democracia deliberativa, participativa y asociativa), lo que no debe confundirse con lo que podríamos identificar como la "desestatización" que entiende la descentralización en un eje vertical de tal modo que las decisiones tienden a centralizarse mientras la ejecución de las mismas viene a desconcentrarse por delegación impositiva y por privatización de los servicios públicos. Esta mirada de la descentralización apuesta por la democratización interna de la administración pública como manera ineludible para incrementar la calidad de la democracia, poniendo de relieve la necesaria articulación entre la democratización de la política y la democratización de la administración. Para que esto sea posible se precisa de dos condiciones: en primer lugar, la participación debe desplazarse "de la política a las políticas" y, en segundo lugar, "de la universalidad a la red" (Brugué, Gallego, 2001).

Finalmente, cabe estimar los instrumentos de los que se puede dotar esta perspectiva relacional de la política para desarrollar las estrategias de incremento de la calidad de la democracia y de la participación. Nos estamos refiriendo a las múltiples innovaciones de carácter democrático que se desarrollan en los últimos años, sobre todo, en el ámbito municipal y que son buena muestra del camino a seguir para reconquistar el espacio público. Estos son muy variados pudiendo distinguir entre innovaciones de base asociativa (cuando los procedimientos sólo posibilita el acceso a los ciudadanos organizados), de base personal (cuando los procesos participativos permiten el acceso a los ciudadanos), de base mixta (cuando los procedimientos incluyen de forma simultánea y compatible las dos anteriores) (Font, Goma, 2001). Así los Presupuestos Participativos, La gestión compartida de equipamientos, los Jurados Ciudadanos, Los Grupos Temáticos, las Encuestas Deliberativas, las Asambleas Ciudadanas, los Fórums Temáticos, La Investigación-acción participativa, los Planes de Desarrollo Comunitarios, etc. son todos ellos instrumentos que se han ido incorporando en muchas ciudades en los últimos años permitiendo deliberar y decidir a los ciudadanos sobre los asuntos públicos y la gestión de la ciudad.

Una cuarta dimensión de la que hay que dejar constancia es la perspectiva económica que en gran medida deriva de la estrategia de desconcentración político-administrativa como eje económico-administrativo y que pone de relieve la existencia de una economía pública que interactúa fuertemente con otros tipos de economía. En este sentido, considerando la existencia de una economía de la diversidad: economía pública, economía de mercado, economía popular y una economía social (Coraggio, 1999), el desequilibrio vendría establecido por la dominancia de la economía de mercado cada vez más frecuentemente promovida y apoyada desde la economía pública, por ejemplo, a través de las privatizaciones. Cabe preguntarse sobre la ética que le corresponde a la economía pública sustentada por el conjunto de la sociedad. Si consideramos como uno de los objetivos de una administración relacional el incrementar la calidad de la democracia y la participación ciudadana, ésta no debe establecer crecientes compromisos con la lógica del lucro constituida por el beneficio privado y unas estructuras nada o poco democráticas representadas por las empresas capitalistas tradicionales. Por el contrario, la reconstrucción del espacio público como espacio político tiene su prolongación en el ámbito económico y desde la economía pública debe favorecerse el apoyo a una economía democrática como la que pueda representar la economía social y a una economía de proximidad representada por la denominada economía popular (por ejemplo el pequeño comercio o las micro-empresas), ambas están más integradas en el territorio, tienen mayor capacidad de creación de empleo y de satisfacer necesidades locales, y son susceptibles de mayor responsabilidad social, política y ambiental.

En consecuencia, como ya hemos expresado en otro trabajo (Alguacil, 2006: 34) la derivación de la gestión de los servicios y prestaciones públicas hacía fuera de las estructuras administrativas solo se debería hacer desde la convicción y la aplicación operativa de los principios de cooperación, corresponsabilidad, universalidad y participación, y de los valores éticos que de estos principios se derivan. Cabe pensar, entonces, en una orientación de las tan traídas y llevadas externalizaciones como una estrategia que facilite la implantación de políticas equitativas, que fortalezca los derechos ciudadanos y que favorezca un desarrollo humano sostenible, dimensiones todas ellas que se desarrollan de forma interpenetrada en el campo de todo lo que podríamos considerar como sector público no-estatal (ciudadanos activos, tercer sector, economía social).

Una última mirada, referida esta vez a los aspectos de naturaleza física, de estructura urbana, que no se pueden imaginar sino es combinación con las dimensiones anteriores es la que se refiere a la escala urbana necesaria para reconstruir el espacio público y el espacio político. Recuperar la ciudad requiere la reconstrucción de unidades urbanas con identidad propia, descentralizadas y complejas internamente, con una autonomía política significativa, densidad, variedad y una escala humana que facilite su percepción y apropiación. Cualquiera tiene derecho en su barrio a tener empleo, equipamientos, entidades sociales, espacios públicos, elementos monumentales, elementos de centralidad, de singularidad, etc. como cualquier ciudad. Es necesario, por tanto, descomponer-recomponer las grandes conurbaciones en múltiples ciudades integradas internamente e interconectadas externamente entre sí, haciendo compatibles la ciudad de "los lugares" (de la accesibilidad) con la ciudad de "los flujos" (de la movilidad).

La ciudad a escala humana significa recrear la máxima complejidad accesible, es decir, lo suficientemente grande para el anonimato y la variedad de relaciones, pero a la vez lo suficientemente pequeña como para mantener una red social densa (en el espacio), intensa (significativa) y continua (perdurable y sostenible en el tiempo), en contraposición al efecto metropolitano donde se produce lo contrario, o se tiene exceso de estímulos relaciónales en un territorio extenso que hace que los vínculos sean más débiles y las relaciones más esporádicas y efímeras o, por el contrario, se sufre el aislamiento y la soledad. La libertad individual y la identidad colectiva no deben ser inconciliables, la libertad de elección precisa de variedad de opciones compatibles y sinérgicas. Para que esto sea posible es imprescindible eliminar las barreras y reconstruir fronteras simbólicas y porosas que permitan la continuidad y la diferenciación de espacios sin que nadie pueda sentirse segregado o descolocado en cualquier barrio de la ciudad, y todos puedan percibir cual es su "lugar", cual se su barrio.

El barrio es fundamental para reconstruir la ciudad, la revalorización y reconocimiento del barrio en la teoría urbanística viene a ser considerada como una escala adecuada para resolver los múltiples, graves y crecientes problemas de las grandes ciudades. Al respecto, la Agenda Habitat, en su afán de promover la ciudadanía expresa que "el barrio es una escala fundamental para el análisis de los problemas económicos sociales, urbanos o ambientales de las ciudades, que pone en contacto las políticas con la realidad social, y facilita la definición de soluciones y la instrumentación en forma interactiva con los agentes sociales locales"7. Como muy bien expresa Pedro G. Buraglia: "El barrio opera como el eslabón de una cadena entre el ser individual y el ser social, facilita la convivencia solidaria, la interacción entre grupos y personas, es también el espacio para el aprendizaje y formación del ser social, que opera como el lugar para iniciarse en una determinada actividad trascendiendo el marco puramente familiar, por ejemplo, las primeras relaciones amorosas, los primeros contactos deportivos o sociales o las primeras manifestaciones políticas" (Buraglia, 2005).

Si bien, para reorientar el modelo metropolitano, los barrios tienen que ser equiparables a una ciudad, con toda la variedad y con todos los recursos propios de ésta. El modelo urbano teórico es una propuesta que podemos concretar tal y como se conceptualiza en el libro "La ciudad de los ciudadanos" (Hernández Aja, Alguacil et al., 1997): Barrio-ciudad: lo consideramos como el primer escalón urbano con capacidad de sostener la complejidad y variedad propia de la ciudad histórica, permite albergar diversos estratos y distintas formas de vida y culturas. Es decir, es el modelo urbano que puede acoger la máxima complejidad asequible y permite el acceso a lo heterogéneo y a la responsabilidad social, teniendo capacidad para generar recursos propios. Suele coincidir con el ámbito de actuación de las asociaciones y debe de contener las dotaciones necesarias para el desarrollo de sus poblaciones, incluido algún equipamiento de rango ciudad que suponga un foco de atracción e identidad para el conjunto de los ciudadanos. La disposición de los espacios públicos, arracimados unos a otros, con sendas que les hacen accesibles, es lo que hace posible la vertebración de un Barrio-ciudad, es lo que hace posible la ciudad misma, como entidad y con identidad propia. El entramado de los espacios públicos, sean abiertos o edificios, deben estar asociados entre sí de modo que el sentido que obtiene cada espacio público viene dado por la relación con los demás, y deben estar concebidos y dispuestos de tal modo que no sea necesario ir a ellos exclusivamente, sino que te los encuentras en los trayectos cotidianos de la vida de barrio. Con un tamaño de población (no más de 50.000 habitantes y no menos de 20.000), el Barrio-ciudad obtendría capacidad de sostener la variedad de las diversas estructuras solapadas (demográficas, sociales, inmobiliarias, de actividades económicas, etc.) y abarcarse peatonalmente, en él el ciudadano es capaz de generar sentimientos de identidad y arraigo, de controlar el territorio, de acceder a las habilidades políticas y sociales; y se puede, así, identificar con su territorio estableciendo un equilibrio entre máxima libertad individual sin comprometer por ello la responsabilidad colectiva.

En definitiva, repolitizar la ciudad, recobrar la convivencia, precisa de la reconquista del espacio público como espacio relacional y polivalente, como espacio para la expresión y creatividad ciudadana, como espacio con capacidad para reordenar la conectividad y la accesibilidad entre las funciones urbanas, y como espacio con capacidad para motivar el acceso a la movilización y a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Una ciudad segura es una ciudad cuyos espacios públicos son reocupados, son transitados, son compartidos. El espacio público es, en definitiva, un ámbito privilegiado que ofrece oportunidades inestimables para estimular la participación ciudadana, lo que ayuda a prevenir y oponerse a las dinámicas excluyentes de la desmesurada mercantilización de las metrópolis posindustriales.

Notas

* El presente artículo me encargado y publicado como capítulo de libro por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en su Colección PH cuadernos: Antonio García García (Coordinador): Espacio público y conjuntos históricos (2008). Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla.

1 En dos artículos de la Carta de Atenas se explícito claramente este aspecto: Art. 77: «... Las claves del urbanismo radican en cuatro funciones: habitar, trabajar, recrearse (en las horas libres) y circular...»; Art. 78 «...los planes determinarán la estructura de cada uno de los sectores atribuidos a las cuatro funciones básicas y fijarán su respectivo emplazamiento en el conjunto urbano...». En ese mismo sentido Le Corbusier en sus «Principios de urbanismo» (1979) apuntilla, desarrollando los postulados de la Carta de Atenas: «La zonificación es la operación que se realiza sobre el plano urbano con el fin de asignar a cada función y a cada individuo su lugar adecuado» (TOBÍO, 1996: 62).

2 Para Le Corbusier -Sin duda considerado el más fiel representante del modernismo y de la defensa de la zonificación urbana- la satisfacción de las necesidades humanas debe alcanzarse a través de la función humana, lo que le lleva a proclamar las «necesidades únicas», que son necesidades-tipo comunes a toda condición humana, la «fünción-tipo», «la emoción-tipo»... (LE CORBUSIER, 1978) Le Corbusier, desde la perspectiva aquí adoptada, viene a confundir lo que son las necesidades humanas con los satisfactores de esas mismas necesidades.

3 Según Ekhart Hahn el índice de ocupación urbana de la superficie se ha multiplicado por 10 en los últimos 100 años (HAHN, 1994).

4 A este respecto existe una amplia literatura basada en investigaciones empíricas desarrolladas desde la Escuela de Chicago y más recientemente desde la Sociología y la Antropología Urbana que muestran la segregación del espacio según la condición social diferenciada. Sobre la separación de funciones relacionadas con el genero, una de las perspectivas de estudio de mayor interés en la actualidad, cabe referenciar la constatación de como la zonificación implica también una división del espacio según el género (TOBÍO, 1996).

5 Vamos a entender la «capacidad estimativa» del sujeto de una forma particular, y siempre dentro del sentido dado a la «autonomía crítica»: Como el nivel de conciencia adquirido a través del acceso al conocimiento (de continua adaptación al medio, a los recursos y a las condiciones) y a los procesos de comunicación fluida (de reciprocidad en la relación con otros sujetos).

6 Se realiza un desarrollo más profuso de esta perspectiva en Alguacil, J. (2003): Equipamientos municipales de proximidad. Plan estratégico y de participación. Gijón, Trea / Kaleidos.red.

7 Agenda Habitat / Habitat II. Primer documento de trabajo. Agenda Habitat España contribución de las ciudades al desarrollo sostenible. Conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos. Estambul, 1996. MOPTMA, Dirección General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades (Feb. 1996). (Pág. 71-72).