martes, 24 de mayo de 2011

EL MOVIMIENTO 15 DE MAYO EN LAS PLAZAS DE ALCORCÓN

PROPUESTAS QUE ESTÁN SALIENDO DE LAS ASAMBLEAS:

1. Reforma de la ley electoral. Que cada voto de cada ciudadano cuente igual, sin importar dónde viva y a quién vote. Sistema de listas abiertas para el Congreso de los Diputados. Que el Parlamento refleje la realidad de los resultados electorales, según esos “criterios de representación proporcional” que pide la Constitución Española en su artículo 68.

2. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No es tampoco ninguna utopía: España es uno de los cinco países de la UE que aún no garantiza este derecho, fundamental en cualquier democracia avanzada. Consiste en una ley que obligue a la administración a hacer públicos todos sus documentos, que permita a cualquier ciudadano acceder a los contratos, las adjudicaciones, los datos y las cuentas de cualquier institución pública. No es para curiosear: es una herramienta legal para que la sociedad pueda controlar cómo se gestiona el dinero de sus impuestos y así evitar abusos. El PSOE llevaba esta ley en su programa electoral de 2004 y 2008 y, como tantas otras promesas, también se aparcó.

3. Referéndum sobre el rescate a la banca. Que los ciudadanos puedan votar si quieren o no quieren que el dinero de sus impuestos se destine a rescatar a las entidades financieras insolventes. Hablamos de un gasto en España –por el momento– de cerca del dos por ciento de todo el producto interior bruto anual. Hay argumentos poderosísimos para defender tanto el sí como el no en un referéndum de este tipo, pero un gasto tan extraordinario no se puede decidir a espaldas de la sociedad. Además, la simple existencia de un debate así sería la mejor manera para promover, de forma efectiva, nuevas medidas de control de la banca.

4. Reforma de la ley de financiación de partidos y de la ley de la función pública. Cambiar los sistemas de control de estas organizaciones haciendo completamente transparentes los ingresos y los gastos de los partidos y permitiendo su fiscalización a través de organismos completamente independientes de su estructura. Que los políticos que accedan a la función pública presenten anualmente una declaración de ingresos y patrimonio. Que sea incompatible cobrar varios sueldos públicos, incluyéndose en esta definición de sueldo público los sueldos que pagan los propios partidos a sus dirigentes.


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